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La impunidad planea sobre el PRI hacia el final del sexenio de Enrique Peña Nieto

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Alejandro Gutiérrez, alto cargo del PRI durante 2015 y 2016, quedó en libertad este viernes después de que el juez desechara las acusaciones en su contra. Gutiérrez, un hombre cercano al exdirigente nacional Manlio Fabio Beltrones, estaba en prisión desde diciembre acusado de dos delitos. El más grave apuntaba al desvío de 246 millones de pesos, algo más de un millón de dólares, del presupuesto del Estado de Chihuahua. Esto con el objetivo de financiar campañas electorales de su partido, en el Gobierno desde la victoria de Enrique Peña Nieto en 2012. En 2016, el PRI competía por hacerse con el gobierno en 12 estados. En 2017 buscaba mantener su bastión, el gran caladero de votos del centro del país, el Estado de México.

A falta de juzgarse otro proceso por desvío, este por poco menos de dos millones de pesos (92.000 dólares), Gutiérrez portará un brazalete electrónico. El juez le ha prohibido además salir de Chihuahua.

A las críticas contra la fiscalía por su investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014; por el proceso contra la lideresa del poderoso sindicato de maestros Elba Esther Gordillo, acusada de delincuencia organizada y ahora exonerada; por la exigua condena obtenida esta misma semana contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se suma ahora la liberación de Gutiérrez, promovida en realidad por los propios investigadores, que pidieron al juez sobreseer el caso. Preguntado sobre el asunto, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, del Partido de Acción Nacional, PAN, se ha lanzado contra la fiscalía: “Estamos ante el final cínico del cierre de un sexenio corrupto y corruptor”.

La acusación contra Gutiérrez ha sido motivo de polémica desde diciembre. La fiscalía de Chihuahua inició la investigación a partir del testimonio del ex secretario de Hacienda del gobierno anterior, encabezado por el priista César Duarte, hoy prófugo. La Procuraduría General de la república, PGR, atrajo meses más tarde el asunto. El trasvase de las pesquisas entre fiscalías y el traslado frustrado del preso Gutiérrez de una cárcel de Chihuahua a otra de Ciudad de México enfrentó al Gobierno federal con el estatal, provocando incluso una marcha encabezada por Javier Corral, desde su estado a la capital.

Todo eso ocurría a meses de las elecciones presidenciales de julio, en las que el candidato del PRI, José Antonio Meade, quedaría en tercer lugar con poco más del 15% de los votos, el peor resultado en la historia del tricolor. Dejando al margen sus cualidades como candidato, Meade cargó con la losa de los dos duartes, el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y sospechas de desvío de recursos sobre un puñado de dependencias federales, sobre todo la Secretaría de Desarrollo Agrario.

En el caso de Gutiérrez, la PGR pidió su sobreseimiento, acusando a la fiscalía de Chihuahua de presentar pruebas “parciales” en su contra. Señalaba así su falta de responsabilidad: hicimos lo que pudimos con lo que teníamos.

Las sospechas sobre los movimientos del PRI tras bambalinas afloran de nuevo en este caso. No en vano, las acusaciones de desvío llegan hasta Beltrones. Y podrían salpicar incluso a Luis Videgaray, canciller del actual Gobierno, secretario de Hacienda cuando se produjo supuestamente el desvío.

Con información de El País

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